España llevará a cabo una profunda reforma de su polémica Ley de Costas

EXPRESO - 18.01.2012

La ‘profunda reforma’ de la Ley de Costas que anunciaba hace unos días el nuevo ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha provocado ya numerosas reacciones a favor y en contra, lógicas en una norma polémica desde su entrada en vigor en 1998.

El anuncio del ministro de llevar a cabo ‘una reforma muy profunda’ de la ley de costas tenía lugar el pasado sábado 14 de enero, durante la toma de posesión de altos cargos de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.

‘No les descubro nada si les digo que una parte muy importante de nuestra riqueza es el litoral español y por ello este ministerio va a poner en valor el conjunto de playas y costas españolas en base a la sostenibilidad ambiental’, explicó el ministro. ‘Una de nuestras prioridades será la simplificación de la normativa medioambiental para agilizar los tramites administrativos y evitar que se conviertan en freno para las inversiones’.

Según Arias Cañete, para llevar a cabo la reforma se realizará ‘un análisis muy riguroso’ de los diferentes usos del litoral ‘sin renunciar a la protección de los recursos marinos’.

Entre los primeros que han reaccionado favorablemente a este anuncio se encuentra la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC). Su representante en Canarias, José Luis Langa, ha solicitado al ministro ‘que invalide el carácter retroactivo de la actual ley, que durante estos años ha puesto en peligro la estabilidad y el derecho a la propiedad privada de cientos de canarios que ahora están amenazados por la ley’.

Langa ha solicitado al Gobierno una moratoria en la aplicación de la ley para los vecinos de poblaciones como Santa Lucía o Los Roques, en Tenerife; o Valle Gran Rey, en La Gomera; ‘que viven con la espada de Damocles pues en cualquier momento les pueden echar de sus casas’, asegura.

También se han mostrado optimistas ante la reforma los representantes de los chiringuitos de la costa de Valencia y Andalucía, a los que en meses pasados la Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, había rechazado varias solicitudes de de apertura de sus terrazas.

Por su parte, el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha solicitado que la reforma de la Ley de Costas incluya la participación de los archipiélagos canario y balear en la gestión de su litoral, una petición que viene de lejos.

En cambio, las organizaciones ecologistas han mostrado preocupación por esta reforma de la Ley de Costas. La directora de campañas de Greenpeace, María José Caballero, ha explicado que es ‘la única garantía que existe para frenar la especulación urbanística en el litoral’, y así se lo explicará al ministro esta semana su organización que, junto con Ecologistas en Acción, Seo Bird-Life, WWF y Amigos de la Tierra se reúnen esta semana con el ministro.

La secretaria de Estado española de Turismo, Isabel María Borrego, se ha referido también a la modificación de la Ley en Murcia, donde se ha reunido este fin de semana con el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel: ‘no va a afectar negativamente al sector turístico y va a tener unas consecuencias positivas’.

En los últimos años, la aplicación con carácter retroactivo de la actual Ley de Costas por el anterior Gobierno ha resultado muy polémica al afectar a edificaciones anteriores a la misma y construidas en su momento con los permisos exigidos.

En octubre de 2008 llevó al derribo de pequeñas poblaciones pesqueras situadas al borde del mar, como la de Cho Vito en el municipio de la Candelaria, Tenerife, un proceso traumático contra el que incluso se alzaron voces de organizaciones ecologistas.

Mientras, en las mismas Islas Canarias, el palacio tinerfeño de La Mareta, Lanzarote, perteneciente al Patrimonio del Estado y que incumple la Ley de Costas de manera ostentosa, era utilizado como lugar de veraneo en 2004 y 2009 por el propio presidente del Gobierno.

La reforma de esta ley decidirá el futuro de miles de edificaciones al borde del mar, que incumplen claramente la distancia establecida como de espacio público por la Ley actual, pero siguen en pie.

Expreso. Redacción. A.B.

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